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Proyecto Gran Simio (“primero se reirán de ti…”)

El pasado 5 de junio tuve la oportunidad de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados, de la mano de gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes, en una conferencia sobre el Proyecto Gran Simio, organizada por la Asociación Parlamentaria en Defensa De los Animales. Han pasado 8 años desde que esta iniciativa, con una sólida base científica, ética y jurídica, fuera cobardemente guardada en un cajón del Congreso, no sin antes ser objeto por parte de algunos de tan injusta como ignorante mofa.

Proyecto Gran Simio (PGS) es una asociación que tiene por objetivo la protección de los grandes simios y los lugares donde habitan, a través del reconocimiento de su derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados. Personalmente, no veo chiste alguno en defender a familias rotas por el asesinato o el secuestro de sus miembros, que asisten impotentes al saqueo y destrucción de sus hogares; a madres separadas de sus hijos y obligadas a reproducir sin descanso; a individuos prisioneros de por vida para satisfacer los intereses (¿superiores?) de otros. La destrucción de las selvas tropicales está provocando la disminución de las poblaciones de grandes simios en libertad. En España, PGS ha comprobado y denunciado las deficientes condiciones físicas y psicológicas en las que se encuentran los grandes simios cautivos.

La ciencia ha constatado ya de forma irrefutable que estamos hablando de seres vivos inteligentes, con conciencia de sí mismos, capacidad de comunicación, sentido del tiempo, compleja vida emocional, que establecen estrechos e intensos lazos familiares y sociales… y que, con todo ello, sólo se diferencian genéticamente de los seres humanos en menos de un 1%. Pero, ojo: la reivindicación del derecho de los grandes simios a vivir en libertad y sin tortura no se fundamenta, en esencia, en el hecho de que como “hermanos evolutivos” sean más parecidos a nosotros que individuos de otras especies. Aunque no compartieran con los seres humanos la mayor parte de esas capacidades, el simple hecho de tenerlas y de ser capaces por tanto de sufrir en relación con ellas, ya les hace moralmente merecedores de protección. Y es que, en último término, de lo que estamos hablando es de que nuestra obligación moral de “no dañar al otro” rompa definitivamente la barrera de la especie, como en otro tiempo hubo que romper la barrera de la raza o del género. Si sabemos con certeza que una hembra chimpancé y su cría sufrirán si se les separa angustia, dolor, tristeza, preocupación, estrés… ¿acaso no tenemos la obligación moral de evitarlo? ¿Podemos ignorar ese sufrimiento solamente porque quien lo padece pertenece a otra especie?

Muchos entendemos que estas reivindicaciones deben realizarse en favor de todos los animales con capacidad de sintiencia. Pero superar la barrera de la especie significa todavía en nuestra sociedad derribar demasiados cimientos antropomórficos, que se tambalean ante la sola idea de tener que vernos moralmente obligados a renunciar a una posición de especie dominante, que durante tanto tiempo ha justificado – y lo sigue haciendo – prácticas de explotación y tortura de otros animales.

Por ello, no siendo el argumento sobre el que, en mi opinión, debe apoyarse la defensa de los derechos de los grandes simios, lo cierto es que el hecho de compartir con los seres humanos tantos atributos cumple una valiosísima función: facilitar el despertar de la empatía y la consideración moral por el sufrimiento de individuos de una especie distinta. No son pocos quienes confiesan esa “punzada” al enfrentarse a la mirada de uno de estos animales en cautividad, o quienes, sin necesidad siquiera de datos científicos sobre genética, reconocen comportamientos humanos cuando ven interactuar a grupos de grandes simios. Esta proximidad genética resulta de gran utilidad para hacer entender su sufrimiento y, por tanto, su urgente necesidad de protección. Y, al mismo tiempo, nos brinda una irrechazable oportunidad para abrir siquiera un resquicio en el hasta ahora infranqueable e inamovible “círculo de la moral” en el que se encierra con exclusividad el ser humano, para poder extender el mismo a otras especies.

En nuestro Derecho, los animales no humanos son considerados cosas, meros bienes suceptibles de propiedad, cuyos dueños pueden disponer libremente de ellos. Iniciativas como PGS reclaman para estos animales un estatuto jurídico diferente, que les permita gozar de una protección legal acorde a sus intereses. Hay quien se escandaliza cuando nos escucha reclamar para no humanos la condición de “personas”. Seguramente no se ha parado a pensar que dicho estatuto se atribuye sin mayores problemas a empresas y fundaciones. Desde el punto de vista legal, la personalidad no es más que un artificio del Derecho a través del cual se reconoce a un individuo o entidad relevancia jurídica, que puede manifestarse en capacidad para ser titular de derechos, para contraer obligaciones, para operar jurídicamente… Si una entidad bancaria es “persona”, ¿cómo no ha de serlo un gorila, siquiera para reconocerle como sujeto de unos derechos básicos (a la vida, a la libertad, a no ser torturado…)?

Ante la constatación de las atrocidades que se cometen contra animales de especies distintas a la nuestra, no parece chistoso ni escandaloso poner el Derecho al servicio de la protección de estos seres. Si sabemos que sufren, que ese sufrimiento es moralmente inaceptable y que podemos protegerlos frente a él, no hay chiste, ni escándalo: es una cuestión de evidencia científica, de ética… y de técnica normativa.

Toda verdad atraviesa tres fases: primero, es ridiculizada; segundo, recibe violenta oposición; tercero, es aceptada como algo evidente. Recordando la célebre frase del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, PGS prosigue su lucha, reivindicando públicamente el reconocimiento legal de los grandes simios como personas no humanas. Reivindicación contenida en un MANIFIESTO que PGS dirigirá a Naciones Unidas para pedir una Declaración de los Derechos de los Grandes Simios, y que con el apoyo de numerosas personalidades del mundo científico y académico, sigue buscando la firma de juristas, científicos, catedráticos, profesores, escritores, técnicos…

Proyecto Gran Simio. Ha llegado la hora de derribar de una vez por todas el prejuicio de especie, y de actuar como los seres racionales y morales que nos vanagloriamos de ser.

María González Lacabex
Abogada

 

 

Prohibido rifar animales (o de cómo avanzamos hacia la “descosificación” legal de los animales no humanos)

Recientemente este despacho recibió el encargo de interponer una denuncia administrativa contra un establecimiento hostelero por presunta infracción de la normativa autonómica y local de tenencia y protección de los animales, al organizar y celebrar el sorteo de tres cerdos vivos, de apenas un mes de edad. La la citada normativa prohíbe expresamente “la donación de animales como reclamo publicitario, premio o recompensa, a excepción de negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de aquéllos”.

Por lo general, cuando se denuncia un caso de abandono y/o maltrato animal (la agresión a un perro, la tenencia de un caballo en condiciones insalubres…), la reacción social y ciudadana que recibimos los agentes implicados suele ser de apoyo a dicha denuncia, pidiendo una firme aplicación del régimen sancionador previsto para estos supuestos, e incluso lamentando la “tibieza” de las sanciones previstas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, algunas de las manifestaciones trasladadas a quien suscribe merecen su reflexión:

“Sancionar esto… ¿no es un poco exagerado?” “¿Qué diferencia hay entre sortearlos o venderlos? Al final, en cualquiera de los casos los van a matar para comerlos.” “¿No es una contradicción que por un lado se prohíba sortear animales y por otro se permita, por ejemplo, utilizarlos en espectáculos en los que sufren, como en los circos o las corridas de toros?”

Para dar respuesta a estas cuestiones y entender las contradicciones que efectivamente existen en nuestra actual normativa de protección animal, es preciso atender al origen y la evolución de dicha legislación:

Las actuales leyes de protección animal básicamente tienen su origen en normas cuyo fin era proteger intereses exclusivamente humanos, principalmente económicos y de seguridad y salud públicas (como la protección del ganado frente a enfermedades o el control de la rabia). Poco a poco esas normas van evolucionando de la mano de una cada vez mayor sensibilidad social respecto a los intereses de los animales, en calidad de seres con capacidad de sentir (algo que reconoce la propia Unión Europea en el Tratado de Lisboa).

Pues bien, en esa evolución estas leyes se encuentran con el reto de resolver los inevitables conflictos de intereses que mayores niveles de protección de los animales suponen con respecto a la utilización de éstos en beneficio humano. Qué duda cabe que el dilema se resuelve siempre atendiendo a este último interés. Así, estas normativas proclaman con carácter general la protección de los animales, para a continuación salvaguardar los intereses humanos que se considera pudieran verse afectados por dicha protección, por ejemplo a través de excepciones legales (“quedan excluidos de la aplicación de esta ley… los toros”), o del siempre recurrente permiso administrativo (“se prohíbe esta práctica si no cuenta con autorización de la Administración competente”).

De este modo, en aquellos ámbitos de utilización de los animales al servicio de los humanos en los que todavía se considera que el interés humano prevalece en todo caso – a pesar incluso de que pueda existir un sufrimiento para el animal implicado -, nos encontraremos con un tope en esa evolución hacia una mayor y más efectiva protección legal de los animales.

De igual manera, donde se considera que no existe tal conflicto de intereses, es precisamente donde se permite a esas legislaciones ir más allá. Por este motivo, la misma ley que consiente la explotación y venta de animales para su consumo, no encuentra mayor problema en prohibir que sean usados como reclamo de un sorteo. No parece que las leyes de protección animal tengan dificultades en avanzar hacia cotas más elevadas de dicha protección, siempre y cuando la misma no suponga poner en entredicho intereses humanos que se consideren irrenunciables.

Sin embargo, la prohibición de sortear animales resulta especialmente llamativa. El hecho de que un animal sea utilizado como objeto de una rifa o como premio en un concurso no tiene por qué llevar aparejada necesariamente una situación de maltrato. El animal puede estar perfectamente atendido, con sus necesidades cubiertas y además ser mantenido en estricto cumplimiento de la normativa administrativa, con todos los controles y permisos al día. ¿Por qué la ley prohíbe entonces con carácter general donar animales de esta manera? ¿Qué es lo que está protegiendo?

El objetivo que subyace en esta disposición no puede ser otro que el de prohibir la instrumentalización del animal, en un claro reconocimiento de que el mismo no es una cosa. Rifar un animal, tratarlo como un premio o un trofeo, supone un acto de desconsideración pública y manifiesta de aquél como ser vivo con capacidad de sentir. Y, no habiendo encontrado interés humano / motivo suficiente que justifique dicha actuación, la norma lo prohíbe. Así, la prohibición de utilizar animales como reclamo publicitario, premio o recompensa constituye seguramente uno de los principales avances legislativos no sólo en la protección de los animales frente a la crueldad y el sufrimiento, sino en la reivindicación del hecho fundamental de que no son cosas y de que por lo tanto son merecedores de un estatuto jurídico distinto al de los meros bienes muebles. Con ella, la ley ha abierto (¿sin querer?) un resquicio a tan importante reconocimiento, el del animal como ser sintiente que no puede ser cosificado. En definitiva, el legislador se descubre en este precepto admitiendo que, a pesar de que justifiquemos legalmente su utilización en nuestro beneficio, en realidad los animales no deberían ser tratados como cosas.

Conclusión: A la vista de lo anterior, por tanto, no subestimemos la importancia de una disposición como la que nos ocupa (“queda prohibido donar animales como reclamo publicitario, premio o recompensa…”) y reclamemos su cumplimiento allá donde observemos que haya podido ser vulnerada. Porque con la denuncia de este tipo de actividades, estamos haciendo algo más que solicitar la sanción de una mera infracción administrativa. Estamos reivindicando para los animales el estatuto que merecen, en función de lo que realmente son.

María González Lacabex
Abogada