El Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por la magistrada María Auxiliadora Díaz Velázquez, ha dictado una sentencia inédita en España: por primera vez, un juzgado de violencia sobre la mujer se declara competente para conocer un delito de maltrato animal cometido como forma de violencia hacia la pareja del agresor.

EL CASO

El condenado, de 18 años, amenazó a su pareja con la frase: “Voy a matar al perro y después me mato yo.” Minutos después, lanzó al cachorro —un podenco de cuatro meses— por un risco, provocándole la muerte ante la víctima, que sufrió un daño psicológico acreditado.

El acusado reconoció los hechos y fue condenado a 12 meses y un día de prisión, 2 años y un día de inhabilitación para la tenencia o trabajo con animales, y prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante el mismo periodo.

VIOLENCIA VICARIA Y CONCURSO MEDIAL

La magistrada califica los hechos como un caso de violencia vicaria, es decir, aquella en la que el agresor daña a terceros (en este caso, al animal de compañía) para causar sufrimiento emocional a la mujer y mantener un control sobre ella.

Además, aprecia concurso medial entre los dos delitos: el maltrato animal (artículo 340 bis 3.2.g del Código Penal) y el maltrato psicológico (artículo 153.1 del Código Penal). Esto significa que uno de los delitos fue el medio necesario para cometer el otro: el agresor mató al animal con la finalidad de causar daño psicológico a su pareja.

Al existir esta relación instrumental entre ambos hechos, se aplican ambas penas, pero ajustadas entre sí, y se permite imponer medidas de protección a la víctima, como la prohibición de acercamiento, que el delito de maltrato animal por sí solo no contempla.

TRASCENDENCIA DE LA SENTENCIA

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial no menciona expresamente el delito de maltrato animal entre las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la magistrada aplica la cláusula abierta del artículo 89.5 (“cualquier delito cometido con violencia o intimidación”) e interpreta el caso con perspectiva de género, entendiendo que el acto violento se dirigía contra la mujer a través de su vínculo con el animal.

PASO ADELANTE HACIA UNA PROTECCIÓN INTEGRAL

Este pronunciamiento judicial no solo abre camino a una nueva interpretación del Derecho Penal, sino que visibiliza una realidad que durante años ha permanecido oculta: los animales de compañía pueden ser víctimas colaterales de la violencia machista. Nos recuerda que avanzar en la defensa de los animales es también avanzar en la defensa de las personas, y que una justicia con perspectiva de género y conciencia animal es imprescindible para construir una sociedad verdaderamente protectora.

El maltrato animal y la violencia de género no son realidades aisladas, sino expresiones de una misma voluntad de dominio y control. Al reconocer esa conexión, el Derecho da un paso decisivo hacia una comprensión más amplia e integral de la violencia, hacia una justicia más compasiva y coherente, que entiende que todas sus formas comparten una misma raíz y exigen una respuesta común: una protección real y efectiva frente a cualquier forma de sufrimiento, sin importar a quién afecte.

Naia Zorrilla Santamaria

Con la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se ha producido un cambio importante en la forma en la que ciudadanía y profesionales del Derecho abordan los conflictos legales. Esta norma modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y tiene implicaciones en la manera en la que desde los despachos debemos atender los casos que nos llegan.

Una de las principales reformas de esta ley es la obligación de intentar Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales. Esta ley ya no permite interponer una demanda directamente en el juzgado: ahora es obligatorio intentar primero una conciliación amistosa con la otra parte, y poder acreditarlo documentalmente.

¿Qué significa esto en la práctica? 

Hasta ahora era habitual, aunque no obligatorio, que las partes intentaran resolver el conflicto mediante un acuerdo previo. Sin embargo, con la nueva ley, ese intento de acuerdo ya no es opcional, sino un requisito legal. Es decir, no se puede presentar una demanda judicial sin acreditar previamente que has intentado resolver la controversia.

Además, la ley detalla cómo debe acreditarse ese intento de acuerdo para que el juzgado lo considere válido. Según el artículo 10 debe documentarse por escrito que se ha intentado la negociación previa; puede ser por un documento firmado por ambas partes o a través de un justificante emitido por un tercero que haya intentado esa conciliación.

Este nuevo requisito afecta a procedimientos civiles y mercantiles, es decir, a aquellos conflictos que surgen entre particulares o empresas.

¿Afecta a los casos que atendemos en Animalex?

En el caso de los asuntos que se atienden en el despacho, también están sujetos a esta nueva obligación legal. Así, por ejemplo:

• En los conflictos entre particulares por ataque entre animales, cuando un perro ataca a otro y lo lesiona gravemente, antes de acudir al juzgado es necesario contactar con la otra parte e intentar solucionarlo con un acuerdo previo. Si aun intentándolo, no se obtiene respuesta o la otra parte rechaza un acuerdo amistoso, entonces se podrá acudir al juzgado para interponer una demanda, siempre que se pueda demostrar documentalmente ese intento previo.
• En casos de custodia de animales de compañía, que surgen frecuentemente tras separaciones o divorcios, también es obligatorio el intento previo de acuerdo. Por lo que antes de pedir medidas judiciales sobre quién se queda con el animal, se debe acreditar que se ha intentado pactar un acuerdo amistoso.
• En disputas por negligencias profesionales -por ejemplo, cuando un animal sufre un daño en una operación o tratamiento veterinario negligente-, se exige también el intento de acuerdo con la clínica antes de demandar en el juzgado.

En realidad, en todos estos casos por lo general nuestra primera intervención es tratar de llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de nuestros clientes y evite el ejercicio de acciones judiciales, así que nada ha cambiado en ese sentido con esta reforma.

Sin embargo, el hecho de que ahora sea obligatorio acreditar ese intento previo de acuerdo sí puede repercutir, por ejemplo, en una mayor dilación en el proceso, con trámites y plazos añadidos, cuando el acuerdo no ha sido posible y nos vemos en la necesidad de interponer demanda.

Trámites y plazos que por lo general alargarán el procedimiento, pero que, como decimos, ahora resultan legalmente obligatorios y por lo tanto, desde los despachos debemos atender.

Nuevamente, organismos internacionales llaman la atención sobre la relación existente entre el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente. En una resolución de 2 de marzo de 2022 la ONU ha encargado la elaboración de un informe en el que se estudiará el vínculo entre el bienestar de los animales y los problemas medioambientales que amenazan el planeta.

En dicho informe participarán:

• El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
• El programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
• La Organización Mundial de la Salud.
• La Organización Mundial de Sanidad Animal
• El Cuadro de Expertos de Alto Nivel para el Enfoque de “Una sola salud”. 

En una sociedad más informada y consciente de nuestro deber y responsabilidad de proteger a los animales, con una legislación cada vez más exigente en ese sentido, incorporar esta cuestión en distintos niveles de educación era, nunca mejor dicho, una “asignatura pendiente”.

Por este motivo, las normas que regulan la Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, han incluido por primera vez la empatía, el cuidado y la protección de los animales como aspectos a tener en cuenta en cada uno de los niveles de enseñanza.

Recordando una célebre frase de Pitágoras, es muy cierto que con educación, no hará falta sanción… 

Es evidente que la globalización facilita que especies de flora y fauna sean transportadas de unos lugares a otros del mundo, llegando a ecosistemas en los que, simplemente, como todo ser vivo, luchan por sobrevivir.

Sin embargo, gran parte del problema de la presencia de animales en ecosistemas que no les corresponden es causado por el capricho humano y por la permisividad de la legislación y las administraciones públicas. Hasta que finalmente ese capricho tiene serias y negativas consecuencias para la protección de otros animales y la biodiversidad: entonces la solución es, sencillamente, su sacrificio, catalogado bajo el título de “especies invasoras”.

Verdaderamente “invasor” es un adjetivo con el que de forma injusta se criminaliza a estos animales, presentados en campañas públicas como cuasidelincuentes.

En su lugar, deberíamos hablar de “víctimas”.

Y es que si cada animal estuviera en su sitio, allá de donde en realidad nunca quiso salir, no harían falta catálogos… ni sacrificios.

La abogada María González Lacabex defiende que las leyes contemplen de forma clara que una alimentación inadecuada no solamente consiste en una carencia, sino que también se puede deber a una sobrealimentación.

La directora del despacho experto en legislación sobre animales Animalex, explica a Animal’s Health en lo referente a las infracciones administrativas, que algunas normas regionales contemplan “de alguna manera” como infracción no proporcionar una alimentación adecuada a las necesidades del animal.

“Es cierto que en la práctica este tipo de infracciones se asocia más con una falta de alimentación, en cuanto a insuficiente, como es el caso de los perros caquécticos, y no tanto al hecho de que esa alimentación pueda ser inadecuada por excesiva”, apunta.

En este sentido, matiza que “hay que estar a la redacción de cada ley, porque en realidad la obesidad consecuencia de una alimentación manifiestamente inadecuada, según las circunstancias de cada caso, sí podría caber también dentro de estas infracciones”.

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Leer artículo completo en Animal’s Health

Los perros utilizados para la caza no necesitan una regulación aparte. Todo lo contrario: precisan, si cabe, de mucha mayor protección.

Esta reforma del Código Civil que reconoce a los animales como seres sintientes era algo urgente y necesario y, como tal, muy celebrado. Ahora, celebra María González Lacabex, fundadora del despacho Animalex, “tenemos un precepto sobre el que basar todos nuestros argumentos cuando debemos actuar en su defensa”.

Sin embargo, también señala que todavía hay que seguir luchando “contra una inercia que relaja la contundencia en las actuaciones con animales, bajo la consideración de que “era solo un perro”, “todo esto por un gato”, o “esos cerdos… si de todas maneras iban destinados al matadero”.

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Leer artículo completo en Cinco Días

(Artículo publicado en el blog de Derecho de los Animales del Consejo General de la Abogacía Española)

A punto de dar inicio el verano de 2021, vemos como se van instalando puestos ambulantes de venta de petardos anunciando la proximidad de la fiesta de San Juan y con ello, nuevamente el debate sobre la prohibición del uso de petardos en determinadas zonas.

Este debate suele coincidir también con otras festividades como la Nochevieja, celebraciones, o fiestas locales, entre otros; y ello porque son los momentos en los que más visibilizamos o podemos visibilizar el sufrimiento de muchos animales, humanos y no humanos.

¿Cómo puede afectar la pirotecnia?

El ruido de los petardos puede afectar a los animales, tanto humanos como no humanos, toda vez que suponen un estímulo negativo, no previsible para ellos y que desconocen.

Por ejemplo, en el caso de los perros, la fobia más habitual es la relativa a ruidos fuertes, como sería la explosión de petardos o los truenos, entre otros. Esta fobia se puede manifestar de varias maneras, como la intranquilidad, nerviosismo, estrés, pánico, paralización, intentos de escape, salivación, permanente estado de alerta o incluso micciones incontroladas, entre otros. Destacar que, en algunos casos, podrían llegar a morir por paros cardíacos o por las consecuencias de sus intentos de escape – atropellos, caídas desde grandes alturas, etc.-.

Todas estas manifestaciones externas son signos del menoscabo que provoca la pirotecnia en su salud, manifestaciones que por sí mismas, en otras situaciones podrían ser denunciadas como maltrato.

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Leer el artículo completo en el blog de Derecho de los Animales del CGAE

Los animales de Vivotecnia siguen en el laboratorio y siguen llevándose a cabo algunos procesos de experimentación con ellos. La jueza ha negado el decomiso cautelar, basándose en informes de la Comunidad de Madrid y SEPRONA, que no encontraron “incidencias dignas de mención”.

El pasado 16 de Abril, la Dirección General de los Derechos de los Animales anunciaba en rueda de prensa una propuesta de instalar cámaras de videovigilancia en los laboratorios de experimentación animal. Aunque a primera vista parece una iniciativa digna de celebración, podría suscitar problemas, ya que la eficacia de estos sistemas dependerá de quién sea la persona encargada de ver los vídeos.

“¿Quién será la persona u organismo designada para el visionado, para la elaboración de informes y para su traslado a los organismos competentes?” Son preguntas que se hace la abogada especializada en Derecho Animal María G. Lacabex. “Dicha responsabilidad no puede recaer, de ninguna manera, sobre el propio personal de la empresa que desarrolla la actividad“, señala la letrada. Las administraciones públicas tendrían que disponer de recursos inspectores suficientes. “Estos recursos podrían ser directamente públicos, o podría abrirse una interesante vía de colaboración con entidades sin ánimo de lucro que acrediten independencia y solvencia técnica para acometer esta función“.

Leer el artículo completo en el Blog El caballo de Nietzsche en eldiario.es