Archivo de la categoría: Administración pública

Ganando terreno en sede judicial

Siguiendo la tendencia creciente de los últimos años, la última Memoria de la Fiscalía General del Estado (2015) recoge un incremento en la actividad judicial relativa a malos tratos a animales domésticos. Un año más, aumenta el número de diligencias de investigación incoadas por este tipo de hechos, que en 2014 se ha duplicado respecto al año anterior. El número de procedimientos judiciales por maltrato animal también ha seguido aumentando (de 515 en 2013, a 681 en 2014).

En Euskadi, este incremento de los ilícitos referidos a animales ha sido destacado como notable por las tres Fiscalías territoriales, elevándose el número de diligencias previas entre 2013 y 2014, de 1 a 16 en Gipuzkoa, de 33 a 60 en Bizkaia y de 2 a 8 en Álava. Entre las diligencias sobre las que llaman la atención, se encuentran las relativas a la ingesta por parte de perros de carne envenenada o con objetos metálicos punzantes en su interior, en varios partidos judiciales de Bizkaia; el cierre cautelar del Hotel Canino de Igueldo en Donostia-San Sebastián; o el maltrato de un importante número de caballos que aparecieron muertos o muy gravemente desnutridos, en terrenos de Álava y Bizkaia.

Estas memorias, publicadas todos los años en la página web de la Fiscalía General del Estado, resultan de sumo interés para quienes nos dedicamos a la defensa legal de los animales no humanos, en cuanto que nos permiten tomar el pulso a las fiscalías de nuestros respectivos territorios, y conocer la percepción que éstas tienen sobre este tipo de hechos y su relevancia, penal y social.

Y así, comprobar cómo la Fiscalía de Castilla La Mancha refiere en su memoria que en este territorio no hay apenas incidencia de casos de maltrato animal (realidad o ¿falta de denuncias?). O cómo la Fiscalía asturiana alaba en su memoria la labor de las asociaciones protectoras de animales, mientras que la de Baleares, cuestiona la legitimación de ayuntamientos y asociaciones en procedimientos incoados a partir de denuncias de perjudicados o atestados por maltrato animal, aludiendo a que dicha personación en ocasiones “obedece más a cuestiones de “darse publicidad”, suponiendo un entorpecimiento en la instrucción de los procedimientos”.

Ahí queda. Para darle una pensada.

María González Lacabex
Abogada

Reforma de Ley de Tasas: menos trabas, también para los animales

En el BOE nº 51 de 28 de febrero de 2015 se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Entre las medidas adoptadas por este RD-ley en el ámbito de la Administración de Justicia se encuentra la modificación de la Ley de 2012, por la que se regulaban las controvertidas tasas judiciales. Esta reforma supone que dichas tasas quedan suprimidas para las personas físicas. Con ello, el Gobierno da un paso atrás en una criticadísima decisión, que afecta también a la defensa jurídica de los animales:

Artículo 11. Modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
(…)
Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4. Exenciones de la tasa.
(…)
2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas físicas.
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
c) El Ministerio Fiscal.
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Estas tasas, que no afectan a las denuncias por maltrato animal interpuestas en el orden penal, sí dificultan el acceso a la justicia cuando se trata, por ejemplo, de demandar a una Administración Pública en los casos en los que es la propia administración quien ha infringido supuestamente la legislación de protección animal. Una cuestión que no es baladí teniendo en cuenta las específicas competencias que la actual normativa sobre tenencia y bienestar de los animales atribuye a las distintas administraciones que integran el entramado público en España y, muy especialmente, a los Ayuntamientos y Diputaciones Forales.

Tras esta modificación, si el demandante es un particular (como, por ejemplo, en el caso de los propietarios de los perros que fueron sacrificados por la Diputación Foral de Álava por sospecha de rabia), ya no estará obligado a abonar tal tasa. Bien. Una dificultad menos a la ya de por sí complicada decisión de emprender acciones legales contra una administración pública, considerando los correspondientes gastos de asistencia letrada y representación procesal y, sobre todo, la incertidumbre sobre la cuantía de las costas que, en caso de ver desestimadas sus pretensiones, se ve obligado a asumir el demandante.

Sin embargo, a las voces que alertan sobre las restricciones que estas tasas siguen suponiendo para las pequeñas empresas, desde el punto de vista de la defensa de los animales debemos añadir la situación en la que continúan estando las asociaciones de protección animal, las cuales, salvo que tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita, deberán seguir abonando dichas tasas judiciales. Y es que tal beneficio de justicia gratuita no se reconoce con carácter general a estas asociaciones, sino únicamente a aquéllas que hayan sido declaradas “de utilidad pública” según el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, y Fundaciones inscritas en el Registro administrativo correspondiente, y que carezcan de recursos para litigar.

Durante tres años, operadores jurídicos, colegios de abogados, asociaciones de consumidores, sindicatos, partidos políticos… han reclamado la supresión de unas tasas a todas luces restrictivas del acceso a la justicia de ciudadanos/as y entidades. También para aquéllos que precisamente recurren a dicha Justicia con el fin de defender a quienes no pueden hacerlo por sí mismos: los animales no humanos. Por ello, aunque parcial, la reforma operada en esta ley de tasas es sin duda una buena noticia también para esta causa. Una victoria para celebrar, y para animarnos a seguir luchando porque el acceso a la justicia sea, de verdad, un derecho de TODOS.

María González Lacabex
Abogada

 

Una chapuza, pero legal

En junio de 2013 tres perros fueron sacrificados por el Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Álava, supuestamente por haber tenido contacto con una perra enferma de rabia localizada en Toledo. Daniel y Enrique, sus propietarios, con el apoyo de la asociación protectora de animales ASAAM Bizkaia, demandaron a la Diputación por la muerte de sus animales.

En su demanda, alegaron que no existía prueba fehaciente de que hubiera habido contacto directo entre estos animales y el foco de rabia de Toledo. Que los perros fueron decomisados por la Diputación supuestamente para ser puestos en cuarentena, sin haberles comunicado que, en realidad, se los llevaban para acabar con su vida. Y que la Administración faltó a la verdad al publicar que los animales habían sido sacrificados en el Centro de Protección Animal de Armentia, desde el cual se negó tajantemente que hubieran ingresado allí.

Año y medio después, un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz ha dictado sentencia estimando la demanda interpuesta, aunque sólo parcialmente. Habiendo admitido la propia Administración defectos en la notificación a los dueños sobre el destino que esperaba a sus animales, la sentencia señala que “dicha falta de información sí configura un funcionamiento anormal de la Administración, causante de un daño moral para los actores que se puede concretar en la lógica desazón y preocupación provocada por el desconocimiento del destino de sus perros en ese período de tiempo”. Por ello, se fija como indemnización “razonable”, la cantidad de 500 euros por cada uno de los perros sacrificados.

Por el contrario, no pone en duda la sentencia la corrección jurídica del sacrificio de los animales, entendiendo que la Diputación adoptó la medida que correspondía legalmente, de forma proporcionada y adecuada a la gravedad de las circunstancias. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente avaló por completo esta actuación con un informe expresamente remitido al Juzgado, en el que declaraba que las medidas adoptadas habían sido las correctas, y que “no se podía descartar” que los perros sacrificados hubieran tenido contacto con el foco de Toledo. La juez tomó dicha conjetura como una rotunda afirmación.

Y así, considerándose probado el contacto, el hecho de que los perros no estaban vacunados, y atendiendo a las facultades discrecionales que legalmente se atribuyen a la Administración para adoptar medidas urgentes e incluso in situ en situación de riesgo para la salud pública, la resolución judicial se inclina por aprobar la actuación administrativa en este caso.

Tampoco tiene consecuencias para la sentencia el hecho de que la propia Diputación reconociera en el acto de la vista que, en realidad, había dado muerte a los perros en el interior del vehículo que los trasladaba, en lugar de en el Centro de Protección Animal, como en todo momento había declarado y publicado, a pesar de que los perros ni siquiera ingresaron en dicho centro. Que no existiera documento alguno referente al procedimiento seguido para el sacrificio de unos animales que, en teoría, suponían tan gravísimo riesgo para la salud pública. Que no quedara registrado en el expediente administrativo el veterinario que llevó a cabo el sacrificio. O en qué condiciones de seguridad trabajaba el empleado que fue arañado por uno de los perros, cuyo encéfalo fue enviado a analizar, confirmándose posteriormente que NO TENÍA RABIA.

Ante esto, parece lógico preguntarse si, no habiendo mostrado los animales síntomas de rabia, y basándose la prueba del contacto en una mera conjetura, una actuación verdaderamente adecuada a Derecho y proporcionada a las circunstancias no habría sido mantener a los animales en cuarentena. Y cómo es posible que una Administración pública, ante una situación que defiende como de alta gravedad, no extreme también el cuidado del debido procedimiento, más necesario si cabe cuando se habla de la decisión de acabar con tres vidas.

Porque, en este caso, desgraciadamente las consecuencias son irreparables. No estamos ante la pérdida de un mero objeto o bien mueble; se trata de la muerte de tres seres vivos, con capacidad de sentir y de establecer estrechos vínculos afectivos y emocionales entre ellos y con los humanos con los que conviven. Con su demanda, los propietarios de estos perros querían que se reconociese lo injusto de su muerte, frente a la cual la Administración ni siquiera les reconoció el derecho a defenderlos.

Es ésta una sentencia que deja sabor agridulce, el de la constatación de que, una vez más, las formalidades del procedimiento no vinculan por igual a Administración y administrados, pudiendo ésta actuar y después justificar, siempre en base al presumiblemente veraz expediente administrativo, sometiendo al ciudadano a una diabólica prueba, en una costosa (también económicamente) demanda.

En definitiva, que sí, que fue una chapuza. Pero legal.

María González Lacabex
Abogada