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Sin dueño/a, ¿no hay papeles?

En Euskadi, los perros que sean recogidos de la vía pública y que estén sin identificar, deben ser mantenidos por los Ayuntamientos durante un mínimo de 30 días, a la espera de que alguien los reclame. Pasado ese tiempo sin haber sido recuperados, deberá hacerse todo lo razonablemente exigible para encontrar un nuevo poseedor privado que se haga cargo de ellos (arts. 15 a 17 Ley 6/1993, y art. 8 Decreto 101/2004).

Lo anterior significa que, en muchos casos, estos animales, transcurrido un mes sin que nadie los haya reclamado, pasarán varios meses en el centro de recogida, años incluso, hasta que aparezca ese tercero que decida adoptarlos. En esta situación, con frecuencia suele plantearse el siguiente interrogante: ¿Es conforme a Derecho que durante todo el tiempo que el animal sea mantenido en el centro de recogida, permanezca sin identificación?

La ley vigente establece la obligación de que todos los animales de la especie canina en Euskadi estén permanentemente identificados. El objetivo es poder localizar su procedencia en caso de extravío o abandono (art. 10 Ley 6/1993). Una posibilidad – la pérdida por huida del animal, o incluso su robo – que sigue existiendo mientras el perro se encuentra en las instalaciones del centro de recogida. En estos casos, el animal puede aparecer en otro municipio y, al no estar identificado, no quedar constancia de haber sido recogido anteriormente, entrando de nuevo en la referida dinámica legal de plazos retención, con la consiguiente situación de desamparo para él, además del a todas luces ineficiente uso de los recursos públicos.

Es cierto que durante los primeros 30 días bajo custodia municipal, nadie puede apropiarse del animal ni puede ser éste dado en adopción, a la espera de que alguien reclame su derecho sobre él. Pero siquiera a partir de tal fecha, mantener un perro sin identificar contraviene directamente lo dispuesto por la Ley: Los poseedores de perros que lo sean por cualquier título, deberán tenerlos identificados y censados en el Ayuntamiento del municipio de residencia habitual en el plazo de un mes desde el nacimiento o la adquisición siempre que se hallen de manera permanente o por periodo superior a tres meses en la Comunidad Autónoma del País Vasco (art. 2 Decreto 101/2004).

La habitual oposición de algunas corporaciones locales a dar de alta a los animales que permanecen en los centros de recogida por ellas gestionados o contratados, se basa en el hecho de que por su parte no existe una intención de asumir la propiedad sobre ellos. Y he aquí, a mi entender, la clave de la cuestión:

Según el tenor literal de la norma, la obligación de identificar a un perro no corresponde única y exclusivamente al propietario o propietaria del mismo, sino que la ley exige tal deber con carácter general a “los poseedores de perros que lo sean por cualquier título”. Así, en principio, y garantizando siempre la posibilidad de que el perro pueda ser reclamado en el plazo legalmente establecido para ello, resulta perfectamente legal que un poseedor no propietario tramite a su nombre el alta de un animal sin identificar. Mientras están bajo su custodia, las administraciones públicas correspondientes tienen legalmente la posesión de estos animales y, por ende, a ellas corresponde la obligación de identificarlos.

Frente a la claridad de lo dispuesto legalmente, la correcta identificación de estos animales en Euskadi encuentra una dificultad de aplicación práctica, en la medida en que para el alta en el Registro General de Identificación de Animales (REGIA) se requiere en la actualidad la consignación de los datos del/la propietario/a y responsable. No contempla el Registro la posibilidad de que un animal sin propietario, custodiado a instancias de la administración pública competente, pueda ser identificado, quedando estos perros, mientras son mantenidos a la espera de que alguien asuma la titularidad sobre ellos, en un absoluto vacío legal.

Perros sin chip ANIMALEX

En definitiva, en tanto la vigente legislación vasca sobre tenencia y protección de perros hace recaer la obligación de identificarlos a cualquier poseedor, el sistema de registro actual limita el cumplimiento de la misma únicamente a los propietarios. Una problemática de carácter puramente práctico cuya solución podría estar en incorporar en el citado Registro una opción adicional respecto a la condición en la que se presenta el solicitante de la inscripción de un perro, que podría ser creada expresamente para los casos en los que el animal está siendo custodiado por una Administración pública.

Lo anterior redundaría, según lo expuesto, no sólo en un pleno y efectivo cumplimiento de la Ley, sino también en una más eficaz y eficiente gestión pública de los animales abandonados y, por ende, en una mayor protección para ellos, en beneficio del interés general.

María González Lacabex
Abogada

 

Licencias PPP. ¿Sólo para el propietario?

“Mire, me han puesto una multa por pasear a nuestro pitbull, supuestamente por no tener la licencia correspondiente. Pero sí tenemos licencia, lo que pasa es que está a nombre de mi hijo, porque en realidad el perro es suyo…”

La consulta anterior hace referencia a una duda bastante habitual en relación con la obligación administrativa de poseer una licencia para la tenencia de perros clasificados legalmente como potencialmente peligrosos (PPP): Esta obligación, ¿corresponde únicamente al propietario? Si el perro convive y es atendido por varios miembros de la familia, ¿es suficiente con que sólo uno de ellos, quien conste como titular del animal, acredite su capacidad para tenerlo? ¿Puede alguien que no tiene un perro de estas características (o incluso, que no tiene perro) obtener este tipo de licencia?

La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y el Decreto 287/2002 que la desarrolla, sujetan la tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos a la previa obtención de una licencia administrativa otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante. Esta licencia sólo podrán obtenerla las personas mayores de edad que no estén incapacitadas; carezcan de antecedentes penales; no hayan sido sancionadas por infracciones graves o muy graves en esta materia; aporten un certificado de capacidad física y aptitud psicológica; y suscriban un seguro de responsabilidad civil por los daños a terceros que pudieran causar sus animales.

La Ley no especifica de forma expresa si dicha obligación corresponde únicamente al propietario del perro o si también afecta a cualquier poseedor, sino que se refiere con carácter general a su “tenencia”. A partir de aquí, el tenor literal induce a cierta confusión: Por un lado, el hecho de que entre los requisitos necesarios para su obtención se incluya el seguro de RC (obligación del propietario) parece presuponer la existencia efectiva de un animal a cargo del solicitante de licencia. Pero es que además el Real Decreto, en su desarrollo, indica que “no podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que carezcan de las condiciones físicas…”. Sin embargo, al mismo tiempo este RD dispone que “la presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia administrativa a que se refiere el artículo 3 de este RD, así como certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos”.

Lo cierto es que no existe obligación legal alguna de que quien conduzca un perro sea su propietario; nada impide que sea otra persona la que lo saque a pasear, o lo custodie durante un tiempo. Si esta persona no coincide con el propietario del perro, ¿significa esto que debe llevar consigo su propia licencia administrativa, o la del titular del animal? Lo segundo no parece muy lógico, aunque la norma como hemos visto tampoco es clara al respecto… Ello suele dar lugar a situaciones de confusión en los registros administrativos de los ayuntamientos, en los que resulta habitual que el funcionario correspondiente insista en exigir en todo caso al solicitante de esta licencia el seguro de RC y la inscripción del animal en el registro de PPP. Documentación que evidentemente no podrá aportar quien no tiene un perro de estas características a su nombre.

Ante una legislación estatal que no deja muy claro este extremo, nos encontramos con 17 leyes autonómicas y cientos de ordenanzas que en ejercicio de sus competencias de desarrollo, se limitan en la mayor parte de los casos a reproducir las disposiciones de la Ley 50/1999 y el Real Decreto 287/2002. Algunas de estas normativas, como la de Asturias, inciden aún más en esta confusión, al disponer expresamente que “para la obtención de licencia de animales potencialmente peligrosos serán precisos los siguientes requisitos, que deberán mantenerse durante toda la vida del animal, de lo cual debe entenderse que la licencia PPP está siempre vinculada a la tenencia de un animal concreto.

Especialmente clarificadora resulta, por el contrario, la legislación en Madrid, que disipa toda duda al respecto al disponer que: Todas aquellas personas que manejen, incluso para el paseo o esparcimiento, de forma habitual, continua o circunstancial, perros definidos como potencialmente peligrosos deberán estar igualmente en posesión de la correspondiente licencia”. Asimismo: Aquellas personas que, sin ser propietarios ni poseedores o usuarios en propio interés, se dediquen por cuenta de otros al cuidado, mantenimiento, educación o entrenamiento de perros potencialmente peligrosos, deberán estar igualmente en posesión de la licencia”.

Por su parte, en Euskadi, el Decreto que regula la tenencia de animales de la especie canina señala expresamente que la obligación de suscribir un seguro de RC corresponde a los propietarios, y extiende el resto de obligaciones relativas a la conducción y control de PPP a cualquier persona. En esta Comunidad debe tener esta licencia, a su nombre, toda persona que se responsabilice de un PPP en un espacio público. Así se ha especificado desde el propio Registro autonómico de identificación de animales (REGIA): En una casa en la que haya un PPP, además del propietario, deberán tener licencia todos los miembros de la familia que vayan a sacarlo a pasear.

En conclusión, parece que la lógica se inclina del lado de las normativas que exigen la licencia para cualquiera que maneje esos animales. Y es que la licencia PPP es una licencia personal, que habilita a su titular, previa acreditación de su capacidad y aptitud para ello, para poder custodiar en un momento determinado un perro de estas características, sin necesidad de ser propietario del mismo. Por este motivo, sin perjuicio de que en cada lugar debamos estar a lo que expresamente prevean la legislación autonómica y ordenanza municipal aplicables, razones de seguridad jurídica deben llevarnos siempre a interpretar esta obligación en el sentido apuntado: Cualquier persona interesada que cumpla los requisitos de mayoría de edad, capacidad, carencia de antecedentes penales o de sanciones administrativas por esta misma materia, y aptitud física y psicológica, está en su derecho de solicitar y obtener la licencia para la tenencia de PPP, sin necesidad de acreditar la propiedad por su parte de un animal de estas características, ni ninguna de las obligaciones (registrales y de aseguramiento) exclusivamente exigibles a los propietarios. Ello salvo, lógicamente, que efectivamente sean tales…

María González Lacabex
Abogada

Shiva y la inactividad de la Administración

El 9 de agosto de 2012 Amalia y Miguel Ángel contrataron los servicios de una empresa de mensajería, especializada en el transporte de animales de compañía, para que trasladara a su perra Shiva de Durango (Bizkaia) a Sevilla, donde iban a pasar las vacaciones. Shiva había pasado revisión veterinaria el día anterior, y se encontraba en perfecto estado. Sin embargo, sólo dos horas después de haberle dejado en las instalaciones de la empresa, recibieron la llamada del transportista, muy nervioso y sin saber qué hacer, avisándoles de que la perra se encontraba muy mal. El animal fue trasladado de vuelta a su domicilio, donde le mojaron con una manguera y le practicaron la respiración asistida, siguiendo las indicaciones telefónicas del veterinario. La temperatura de Shiva era de casi 42ºC. No pudieron hacer nada para salvarla. De acuerdo con el informe veterinario: “La paciente ingresó muerta como consecuencia de un cuadro de hipertermia producido por el confinamiento en un vehículo en un día con altas temperaturas”.

La Ley vasca de Protección Animal establece en su artículo 6 que los animales deben ser transportados en medios concebidos para protegerles tanto de la intemperie como de diferencias climatológicas acusadas, debiendo ser observados a intervalos convenientes. Un artículo que reproduce también la propia Ordenanza Municipal sobre tenencia de animales en Durango. Los responsables de Shiva consideran que la empresa de transporte vulneró presuntamente esta normativa al no haber dispuesto los medios necesarios para proteger a la perra de las altas temperaturas. Por ello, además de dirigir la correspondiente reclamación a la compañía de transporte, interpusieron denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de Durango, administración competente para la aplicación de la citada Ley, solicitando que abriera el correspondiente expediente y suspendiera siquiera cautelarmente la actividad de transporte de animales por parte de la empresa, hasta haber realizado las investigaciones pertinentes.

En noviembre de 2012, el Ayuntamiento de Durango inició procedimiento sancionador contra la empresa por presunta infracción grave de la Ley de Protección Animal. No obstante, a partir de ahí el expediente se ha mantenido paralizado, en el olvido. A pesar de los numerosos escritos formales dirigidos durante un año a los servicios municipales solicitando información al respecto, de llamadas telefónicas al instructor, de mensajes sin atender, y de que incluso la propia Diputación Foral de Bizkaia indicara al Ayuntamiento su competencia sobre este caso, la única respuesta obtenida por esta pareja ha sido un rotundo y frustrante silencio. Una visita realizada al Ayuntamiento nos permitió descubrir un expediente incompleto, irregular y absolutamente abandonado, en el que ni siquiera constaban los escritos presentados durante más de un año por la familia de Shiva. El procedimiento no había sido dado por finalizado ni formalmente archivado. El Ayuntamiento de Durango simplemente dejó de atender este caso y, con él, las repetidas solicitudes de Amalia y Miguel de que su denuncia fuera resuelta.

Casi dos años después de la muerte de Shiva, de paciente insistencia ante los servicios municipales, pidiéndoles, sencillamente, que cumplieran con sus obligaciones legales, Amalia y Miguel se han encontrado con la que seguramente constituye una de las principales fuentes de indefensión de la ciudadanía: la inactividad de la Administración pública, ante la cual únicamente les queda como alternativa recurrir a la costosa vía judicial.

Hace algunas semanas aparecía publicada en prensa la noticia relativa a la modificación de la ordenanza sobre animales de Durango. Una noticia que la familia de Shiva recibe ahora con amargo escepticismo: el del ciudadano que ve cómo su Ayuntamiento no tiene problemas en imponer multas a quienes no recogen los excrementos de sus perros o que los pasean sin correas, pero que sin embargo, y por motivos que no se alcanzan a entender, sí elude la sanción de otro tipo de infracciones de esta normativa, precisamente las relacionadas con el maltrato de los animales. Y también con indignación, por la insensibilidad e irresponsabilidad demostradas por el Ayuntamiento de Durango ante este caso.

Por todo ello, tras dos años de discreción y frustrada confianza en el procedimiento administrativo, Amalia y Miguel han decidido, ahora, hacer pública su denuncia, en memoria de Shiva y con la intención de que su caso no vuelva a repetirse. Sirva este post de altavoz para ello, y para dejar apuntada una problemática con la que lamentablemente solemos encontrarnos con frecuencia quienes nos dedicamos a reivindicar la consideración que los animales también merecen en el ámbito administrativo y judicial.

Y es que no hay mayor indefensión, que la que provoca la ausencia de acción por parte de la Administración…

María González Lacabex
Abogada