La Ley 50/1999, de Animales Potencialmente Peligrosos, suscitó el rechazo unánime entre veterinarios, genetistas, etólogos, adiestradores, criadores o expertos en Derecho. No se cuenta con datos que avalen que la actual normativa haya contribuido a reducir los ataques. Por el contrario, todas las fuentes consultadas en la elaboración del reportaje señalan que ha aumentado.

A juicio de la Abogada María González Lacabex “la norma se ha revelado «inadecuada» para lograr sus objetivos y genera muchos problemas de aplicación, debido a la disparidad normativa a la hora de decidir qué razas están incluidas (a las recogidas por la Administración central se suman las elegidas en el marco autonómico), la inseguridad jurídica que plantea a los propietarios, un sistema de licencias que realmente no acredita la capacidad para su tenencia y unas condiciones que contravienen las garantías de bienestar que la ley sí ofrece a otras razas y que actúan en detrimento de su adopción».

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