¿Son suficientes las campañas informativas y de concienciación, o “si no hay multa, no aprendemos”? La respuesta deberíamos encontrarla en las cifras de abandono y en su cuantificación, por supuesto en términos de sufrimiento animal, pero también económicos. Teniendo en cuenta la situación actual de saturación de centros de recogida, refugios de asociaciones y hogares de acogida, ¿cuánto nos está costando la irresponsabilidad y el capricho?

La abogada María González Lacabex analiza estas cuestiones en el Blog de Derecho y Animales del Consejo General de la Abogacía Española:

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Las tasas judiciales continuaban por tanto afectando a las asociaciones de protección animal como personas jurídicas, las cuales (salvo reconocimiento del derecho a la justicia gratuita) debían seguir abonando las mismas, no en el caso de las denuncias penales por maltrato o abandono, pero sí, por ejemplo, a la hora de demandar a una Administración pública por infracción de la legislación de protección animal, o en materias propias del orden jurisdiccional civil (reclamaciones de responsabilidad, incumplimiento de contratos…).

Al respecto, es de obligada referencia ahora la importantísima y contundente Sentencia del Tribunal Constitucional, por la que el Pleno del TC ha declarado unánimemente la inconstitucionalidad y nulidad de tasas que todavía se exigían a las personas jurídicas, por considerar que su cuantía resultaba desproporcionada, de forma que podía producir un efecto disuasorio en la ciudadanía a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia  en el ejercicio de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Aunque los efectos de esta Sentencia no son retroactivos, sin duda se trata de una excelente noticia, también para la defensa legal de los animales, y para la lucha en favor de que el acceso a la Justicia sea, de verdad, un derecho de TODOS.

Texto completo de la Sentencia, disponible en la página web del Tribunal Constitucional.

María González Lacabex
Abogada