Recoger animales perdidos, amparar a los abandonados, proteger a los que viven en libertad… no es responsabilidad de la ciudadanía voluntaria que, de forma solidaria, regala tiempo y recursos para dar respuesta a un problema de interés general.

Prevenir, perseguir y hacer frente a las consecuencias del abandono de animales y su maltrato es responsabilidad de la Administración Pública. Ésta, en todo caso, podrá firmar convenios de colaboración con asociaciones para dar cumplimiento a lo que le obliga la Ley, allá donde los servicios públicos puedan encontrarse limitados.

Con ello, la Administración no está “ayudando”, ni “haciendo un favor” a estas asociaciones y su voluntariado. Está gestionando su deber, SU RESPONSABILIDAD, que es, insistimos, PÚBLICA.

Aunque las leyes son claras al respecto, con frecuencia todo esto se olvida. Y es importante tanto que la Administración lo recuerde, como que las propias asociaciones lo tengan en cuenta, para poder dirigir sus esfuerzos a conseguir que sea el sistema público el que funcione, y no las ONGs las que parchean sus agujeros.