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Daño moral por pérdida o daño causado a un animal de compañía: ¿quién puede invocarlo?

Itziar Angulo Otegui

El reconocimiento y consecuente indemnización de los daños morales causados al perjudicado por un hecho dañoso es una realidad en nuestro Derecho y jurisprudencia. Nadie cuestiona que quien causa un daño o perjuicio a otra persona tiene la obligación de repararlo y esta reparación es independiente del quebranto económico que se haya podido causar, es decir, los daños materiales, porque de lo que se trata es de resarcir el perjuicio moral, el sufrimiento psíquico provocado por el hecho en la persona que lo padece.

El Tribunal Supremo establece que “la jurisprudencia, reconociendo que el daño moral constituye una noción dificultosa le ha dado cada vez una orientación más amplia (…) y ha sentado como situación básica para que pueda existir un daño moral indemnizable la consistente en un sufrimiento o padecimiento psíquico, que considera concurre en diversas situaciones como el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra (como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre), ansiedad, angustia, incertidumbre, impacto, quebranto y otras situaciones similares” (STS de 25 de abril de 2019).

En el caso del fallecimiento de un animal de compañía por la acción u omisión culpable o negligente de una tercera persona, la jurisprudencia admite que este hecho puede provocar angustia y sufrimiento, es decir, daño moral, y que éste tendrá que ser reparado.

En sede judicial: el daño moral no es exclusivo del titular del animal 

Quién está legitimado para reclamar esta indemnización por el daño moral en el caso de fallecimiento o daño causado a un animal de compañía no siempre es una cuestión pacífica. Se admite sin discusión que esta legitimación corresponde en todo caso al propietario, a la persona titular del animal, que se presume siempre como aquella a cuyo nombre figura inscrito en el correspondiente Registro de Identificación Animal. Los problemas surgen cuando se quiere reclamar en favor de quien no ostenta su titularidad pero convive con el animal. De contrario suele alegarse la falta de legitimación de estas personas por no ostentar la titularidad del animal, asemejando así la pérdida de un animal de compañía con la de un objeto mueble (basándose en una consideración jurídica del animal que no procede, como veremos, conforme al ordenamiento vigente).

A la vista de esto, en sede judicial se ha venido declarando que la legitimación para reclamar por daño moral no corresponde únicamente al titular del animal, sino también a otras personas que conviven con el animal y pueden haberse visto afectadas por la pérdida repentina -y en ocasiones traumática- del mismo por una acción u omisión culposa o imprudente de un tercero. Así, la jurisprudencia ha venido atendiendo por lo general al vínculo de afecto establecido entre el animal y el resto de convivientes, no exclusivamente con su titular, y a la convivencia con él, un vínculo que se considera ya una realidad evidente y socialmente aceptada.

A modo ejemplificativo podemos citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 9 de marzo de 2015, que dispone “con independencia de su titularidad formal, era el perro de la familia y no es precisa la aportación de informes médicos o psicológicos para determinar la existencia del daño moral” o la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 30 de mayo de 2016 estableciendo que “todo daño puede ser objeto de indemnización y, en consecuencia, igualmente los causados a cualquier perjudicado, sea o no propietario de los bienes afectados, carácter este que ha de estimarse ostente el actor, en cuanto era indubitadamente el poseedor del animal y el que gozaba o se servía de su compañía”.

En la misma línea la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao 308/2021 de 5 de octubre de 2021, reconoce la existencia de daños morales causados por el fallecimiento del perro de la familia por del ataque de otro y establece una indemnización por los mismos no solamente para quien era su titular -como invocaba la parte contraria- sino también a favor de otro conviviente con el animal tras acreditar la convivencia con él durante 9 años en el domicilio familiar y el hecho de haber sido testigo de la agresión, a pesar de no estar registrado a su nombre. Así, dice esta sentencia que “el daño moral no está únicamente ligado a la titularidad del animal sino a la concreta situación del demandante respecto al hecho dañoso por el que se acciona” y que “en el caso del daño moral no se puede entender que sólo se haya producido a la propietaria por la pérdida de su mascota. También su padre ha padecido un dolor moral específico e indemnizable, que es personal e intransferible y que no está vinculado a con la titularidad formal del animal sino con la convivencia con él en el hogar familiar y con el hecho de haber presenciado la agresión”.

Código Civil: animales como seres sintientes y vínculo con los seres humanos independientemente de la propiedad

Lo que hasta ahora había sido resuelto de esta manera, con carácter general, por la jurisprudencia, ha sido definitivamente zanjado por la reciente reforma del Código Civil (Ley 17/2021, de 15 de diciembre de 2021), que ha cambiado la consideración jurídica de los animales, estableciendo en el nuevo artículo 333 bis que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y las cosas en la medida que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección. Esto por sí mismo ya sería suficiente para argumentar que el daño moral no puede resarcirse únicamente respecto del propietario sino también del resto de personas que conviven con el animal en el domicilio familiar, y que mantienen vínculos de afecto hacia él.

Pero es que, además, este artículo 333 bis dispone en su número 4 una definitiva aclaración sobre esta cuestión: “En el caso de que la lesión a un animal de compañía haya provocado su muerte o un menoscabo grave de su salud física o psíquica, tanto su propietario como quienes convivan con el animal tienen derecho a que la indemnización comprenda la reparación del daño moral causado”.

Sin duda la introducción de este artículo va a facilitar la reclamación judicial de los daños morales causados por el fallecimiento o menoscabo grave de la salud física o psíquica de un animal de compañía y, consecuentemente, su indemnización.

El dilema de la cuantificación 

A pesar del reconocimiento jurisprudencial de la existencia del daño moral y del tenor del Código Civil, en la práctica seguirán existiendo dificultades para su cuantificación, dado que no existen criterios ni reglas para determinar su cuantía (como por ejemplo en el caso de lesiones derivadas de accidentes de circulación), quedando dicha cuantía a lo que en cada caso se solicite y argumente en la demanda, y resuelva el juzgador.

Criterios que son tenidos en cuenta por la jurisprudencia para valorar y establecer la cuantía de indemnización por daño moral son, por ejemplo, el impacto emocional que comporta la pérdida de cualquier animal de compañía y la repercusión que supone para el entorno familiar (SAP Barcelona 29/06/2021), la integración del animal en el domicilio familiar y el vínculo existente entre el animal y los distintos miembros de la familia (SAP Oviedo 23/03/2015), el dolor o sufrimiento que produce al propietario la pérdida del animal (SJPI Sevilla 17/03/2020), el apego y afecto por un animal de compañía al que su propietario cuida desde hace tiempo (SAP Madrid 25/09/2019) o los años de convivencia con el animal (SAP Madrid 20/07/2017)

En último lugar, respecto a la prueba del daño moral la jurisprudencia tiene declarado que no es necesario acreditarlos mediante informes médicos. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 15 de enero de 2021 señala que “es cierto que no hay ningún informe médico, pero tratándose de daños morales derivados de la pérdida de una mascota, es razonable inferir que se ha producido un daño moral o afectivo, sin necesidad de prueba pericial para llegar a esta conclusión”. En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 15 de noviembre de 2019 señala que “no puede identificarse la pérdida de una mascota con un puro perjuicio “patrimonial” – por más que el animal tenga un valor económico – ignorando que, además, existe una relación emocional entre el dueño (o cuidador) y su mascota que por lo general reporta amplios beneficios psicológicos”.

La sentencia del Juzgado de lo Penal de Avilés de 9 de mayo de 2018 en un caso de indemnización del daño moral causado por las lesiones sufridas por su perro golpeado injustamente por otra persona dice que a la hora de establecer el perjuicio por daño moral, debemos atender a las circunstancias del caso en concreto, pero presupone la existencia del daño moral sin necesidad de acreditación. Señala que es doctrina jurisprudencial que “el daño moral solo puede ser establecido mediante un precio global basado en el sentimiento social de reparación del daño producido por la ofensa de la víctima, no siendo necesario que ese daño moral… tenga que concretarse en determinadas alteraciones patológicas o psicológicas sufrida por la víctima, bastando que sean fruto de una evaluación global de la reparación debida a las mismas”.

En conclusión, a la vez que en la sociedad se aprecia una preocupación cada vez mayor por el bienestar de los animales y la reivindicación especialmente en caso de los llamados de compañía como miembros de la familia, la existencia de ese vínculo de afecto entre humano y animal se encuentra ya claramente reconocida por el ordenamiento jurídico, independientemente del derecho de propiedad. Esto tiene una repercusión directa en la responsabilidad civil por daños causados a animales, en cuanto al reconocimiento de los daños morales que, al mismo tiempo, se derivan también para los humanos que conviven con dichos animales, y para los cuales el padecimiento de estos, o su muerte, provoca un indudable sufrimiento, que como tal ha de ser también indemnizado.

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Animales en vehículos: seguridad vial y protección animal

(Artículo de María González Lacabex en Economist & Jurist)

La reciente entrada en vigor de la última modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el incremento en los desplazamientos con motivo de la llegada del buen tiempo y los períodos vacacionales ponen el foco en una temática tan recurrente como sorprendentemente no demasiado bien conocida en todas sus implicaciones: las obligaciones legales asociadas a la presencia y el transporte de animales de compañía en vehículos.

Una normativa que se plantea no solo desde la perspectiva de la seguridad vial, sino también desde la del bienestar animal, y que como tal ha de ser conocida y debidamente aplicada por las personas con animales a su cargo.

Leer artículo completo en Economist & Jurist

 

Que maltratar a un pulpo sea también delito (primero te ridiculizarán…)

María González Lacabex

(Artículo publicado en el Blog de Derecho de los Animales del Consejo General de la Abogacía Española)

Las últimas semanas los medios se han hecho eco de la polémica suscitada por la apertura en España de la que sería la primera granja de pulpos (octopus vulgaris) en el mundo, un tipo de explotación que no había sido técnicamente posible hasta ahora, dada la naturaleza y características de estos animales, pero que finalmente una empresa ha encontrado el modo de desarrollar.

Frente a ello, también desde la ciencia se ha alertado sobre las negativas implicaciones de esta iniciativa, explicando cómo la vida en cautiverio puede suponer importantes daños en la salud física y psicológica de estos animales, dotados de un complejo sistema nervioso, en espacios sin la necesaria estimulación cognitiva y que, como criaturas solitarias y carnívoras que son, pueden inducirles a agresiones y canibalismo. Ello por no hablar de las implicaciones ecológicas derivadas de una explotación de estas características.

Esta noticia ha puesto de nuevo sobre la mesa la cuestión de por qué determinadas especies de animales, con constatada capacidad de sentir, no parecen resultar merecedoras de protección en nuestro ordenamiento jurídico, y en la necesidad de que las futuras reformas legislativas vayan dirigidas precisamente a ampliar el actual alcance de dicha protección a estos animales.

(…)

Leer artículo completo en el blog de Derecho de los Animales del CGAE

Pulpos (1)